¿Quién paga los costos territoriales? Ordenamiento territorial, corrección del mercado de suelo y participación

Hay una forma de plantear el viejo debate entre comunismo y capitalismo que me parece más útil que las consignas. El comunismo es una idea que no ha logrado sostenerse en la realidad. El capitalismo es una realidad que persiste a pesar de sus problemas y defectos, y sobre la cual se ha teorizado durante dos siglos para intentar hacerla viable. No traigo esta frase para tomar partido, sino porque permite enfocarnos en una pregunta: cuál es el papel del ordenamiento territorial dentro de esta realidad de mercado.

Esa persistencia vive en tensión entre la capacidad de adaptarse y la tendencia a trasladar sus costos a otros. Muchas veces son el mismo movimiento visto desde lugares distintos. Para quien capta la ganancia es adaptación, y en el discurso público se presenta como progreso. Para quien recibe los costos (el borde rural, el municipio pequeño, el barrio) es la cuenta por pagar: lo que suele llamarse «el costo del progreso». El geógrafo David Harvey lo llamó «arreglo espacial». Las crisis no se resuelven, se mudan de lugar.

En el suelo esto se ve a simple vista. Cada parcelación campestre valoriza un lote, pero el efecto acumulativo de todas le deja al municipio la vía, el agua, los vertimientos y la congestión en las horas pico. Una norma que permite edificios de tres a cinco pisos en suelo suburbano valoriza el lote por una decisión pública, en la que suele pesar más quien tiene mayor influencia, pero la ganancia queda en manos privadas. Un corredor que mezcla bodegas logísticas con condominios campestres retira la capa de suelo fértil para cimentar placas, accesos y patios de maniobras. También fragmenta el paisaje, desplaza vecinos por el alza en el precio de la tierra, el tráfico o el ruido de la nueva actividad, y colmata una vía que deja de ser eficiente.

En la ciudad consolidada ocurre lo mismo. Una zona rosa saturada de bares desplaza a sus residentes, y un barrio tradicional ocupado por talleres y lavaderos pierde su vida de barrio. Dejado a su lógica, el mercado de suelo concentra beneficios y dispersa cargas.

La corrección escrita

El historiador económico Karl Polanyi mostró en La gran transformación (1944) que ni siquiera el mercado «libre» nació solo: la idea de dejar al mercado sin intervención (el laissez-faire) fue, decía, planificada desde el Estado, con leyes y derechos de propiedad. Mostró también que la sociedad reacciona cuando el mercado la desborda. Visto así, el ordenamiento territorial no nace como algo ajeno al mercado de suelo, sino desde dentro de él, para que funcione de forma equilibrada. Es su mecanismo de corrección.

La Ley 388 de 1997 lo dice casi con esas palabras: función social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular, distribución equitativa de cargas y beneficios. La Constitución añade, en su artículo 82, que las entidades públicas participan en la plusvalía que genera su acción urbanística. Cada principio intenta devolverle al que se beneficia el costo que pretendía trasladar.

Si la ley ya contiene los correctivos, ¿por qué el traslado continúa? Porque con demasiada frecuencia fallan en dos momentos. Al planear: planes que no prevén los impactos acumulativos ni los externos, y normas que permiten mezclar usos y actividades poco compatibles. Al gestionar: planes que no se ejecutan, cesiones insuficientes o inexistentes, plusvalías que no se liquidan, cargas urbanísticas que se negocian a la baja, avalúos que no se actualizan y actividades económicas que crecen sin control ni incentivo, hasta saturarse o decaer. Tenemos un déficit de eficacia, no de normas. Y un correctivo que no se aplica no es neutral: deja que el costo siga corriendo hacia quien menos puede evitarlo, incluidas las generaciones que aún no tienen voz.

La fuerza que la hace cumplir

¿De dónde sale, entonces, la fuerza para que se apliquen? Casi nunca del propio mercado. Los derechos laborales, la regulación ambiental o la protección de los territorios los impusieron quienes cargaban los costos. Es lo que el propio Polanyi llamó contramovimiento: la sociedad que se defiende cuando el mercado la desborda.

Ahí está la justificación más sólida de la participación ciudadana. No es un trámite para legitimar decisiones ya tomadas. Es el mecanismo por el que quienes van a pagar un costo pueden verlo antes, nombrarlo y exigir que se reparta. La pregunta clave no es cuánta gente asistió al taller, sino si la participación cambió el reparto de cargas y beneficios. Si no lo cambió, el costo se sigue trasladando, ahora con acta de socialización firmada.

Para funcionar como contrapeso, la participación tiene que llegar antes de que se definan los usos del suelo, trabajar con información sobre quién gana y quién paga con cada decisión, y dejar compromisos verificables.

El mismo criterio para todos

Ese criterio también debe aplicarse a la participación, porque no es buena por definición. Tiene dos riesgos serios. El primero es que los ya instalados la usen para cerrar la puerta a los que llegan: el vecino que se opone a la vivienda social cerca de su casa también participa. El segundo lo señalan con razón los críticos liberales del urbanismo: una regulación excesiva encarece el suelo y deja la vivienda fuera del alcance de quien la necesita.

Ninguna de las dos objeciones desmiente el argumento. Lo confirma, porque en ambos casos alguien traslada su costo a otro. El vecino que bloquea se lo pasa a quien busca vivienda; la norma que todo lo restringe, a quien no puede pagar el precio que resulta. La pregunta «¿quién paga?» sirve para juzgar al mercado, al plan y a la propia participación. Por eso la participación no reemplaza al criterio técnico, ni el criterio técnico a la participación: cada uno obliga al otro a rendir cuentas.

El ordenamiento es la corrección escrita; la participación, la fuerza que la hace cumplir. Sin la segunda, la primera se queda en el papel, donde sobran normas y faltan resultados. La pregunta para nuestras ciudades y territorios no es si participamos. Es quién paga el territorio que estamos construyendo, y si quien paga tiene voz antes de recibir la cuenta.

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Sobre el autor. Carlos Alberto Garzón Espinel es arquitecto y urbanista, magíster en Planeamiento Urbano por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con más de 25 años de experiencia en planificación territorial y supramunicipal. Escribe en Loci Lab, ciudadterritoriopaisaje.org.

Contacto: carlosgarzon.arq@gmail.com

Cómo citar: Garzón Espinel, C. A. (2026). ¿Quién paga los costos territoriales? Ordenamiento territorial, corrección del mercado de suelo y participación. Laboratorio ciudad, territorio, paisaje. Loci Lab. https://ciudadterritoriopaisaje.org/

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