Diferentes experiencias han demostrado las dificultades de democratizar los procesos de planificación de la ciudad y el territorio; ya sea: por la fuerza de determinados intereses privados, por estar supeditados a técnicos no especializados sobre el proceso, por la complejidad técnica y legal bajo la cual se desarrolla el proceso de toma de decisiones o por la dependencia de la financiación pública local a determinados modelos de crecimiento urbanístico.
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