Tradicionalmente, el urbanismo ha sido asociado en nuestro contexto a la construcción de infraestructuras y redes, ignorando la visión integral, transversal y espacial que esta disciplina tiene para la mejora de las condiciones de calidad de vida de las personas, el aprovechamiento eficiente del suelo, el espacio público, la conservación o restauración del medioambiente, la conservación del paisaje urbano y rural, etc. Pero, ¿que mecanismos pueden «encender una alerta» a la sociedad civil cuando la tecnocracia en la administración pública, de forma oportunista, evade la responsabilidad de interpretar y orientar el interés general sobre el particular en la custodia de los valores y atributos del territorio?. Muchos de estos intereses particulares tienen como finalidad abrir la brecha a futuros encargos particulares, dejando el terreno allanado a la especulación del suelo y a la especulación inmobiliaria disfrazada de «inversión» en los municipios o departamentos. Uno de los sofismas más empleados es que «si no lo hacen ellos, ya vendrán otros, y además los otros lo harán mal, por lo tanto qué mejor que ellos mismos para hacerlo», todo esto con la prepotencia de quien se siente dueño de la «verdad».
Esta «tecnocracia urbanística» como forma de construir la ciudad y el territorio ha sido utilizada además como «caballo de batalla» para afrontar diversas problemáticas. Por ejemplo, en la construcción de barrios de vivienda de interés social por parte de políticos y administraciones municipales; o de abrir paso a la inversión especulativa en el territorio por parte de ciertos intereses.
Sin embargo el tema de un «nuevo urbanismo» como instrumento para la custodia del territorio por parte de la sociedad civil, empieza también a estar incluido en los intereses de muchos ciudadanos que piden una mejora en la calidad de vida urbana, un mayor respeto por el medio ambiente y el hábitat, haciendo referencia a temas concretos como el espacio público, la renovación urbana, la mejora integral de los barrios, la protección del paisaje, etc, que a su vez representan un activo económico para el interés general que repercute en el interés particular, y no a la inversa, donde suelen extraviarse los beneficios para la colectividad.
Nuevamente cierro con las siguientes preguntas a manera de reflexión:
¿A través de qué mecanismos puede la sociedad civil participar y “auditar” las decisiones técnico-políticas sobre el territorio?
¿Es la mano invisible del mercado especulativo o de la economía real, la que debe orientar las dimensiones, atributos y ejes estructurantes en el ordenamiento del territorio?
¿Cómo organizar un proceso de elaboración del ordenamiento donde estén presentes todos los intereses relevantes al municipio o el departamento?
¿Cómo garantizar un proceso de deliberación que supere las desigualdades de poder entre los actores que participan?
¿Cómo valorar e incorporar todos aquellos saberes no meramente técnicos?
¿Cómo se construye un interés colectivo por encima de la suma de los intereses particulares?
¿Cómo se gestionan los conflictos?
¿Cómo garantizar la información, la transparencia y la rendición de cuentas del proceso?
¿Quién debe hacerlo y qué se tiene que acabar decidiendo?
Ahora que muchos municipios se plantean elaborar sus POT, PBOT, EOT, o que se empieza a “poner de moda” hablar de “modelo de ocupación territorial”, ahora que el tema del Paisaje Cultural Cafetero debe incluirse dentro de los mismos, es necesario reflexionar sobre estos aspectos, lo que puede significar un primer paso para que dichas cuestiones sean tenidas en cuenta en los procesos de planificación participativos de los municipios del Quindío y en el ordenamiento territorial departamental.
Carlos Alberto Garzón Espinel Arquitecto Urbanista Universidad Politécnica de Cataluña-Barcelona (España) calbega@gmail.com
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